I.- Los puertos deportivos y turísticos españoles, integrados no sólo por la parte del mar territorial que queda dentro del perímetro de sus instalaciones sino también por la zona de servicios afecta a cada uno de ellos, forman parte del Dominio Público del Estado por imperativo de lo establecido en el artículo 132.2 de la Constitución española en relación con el artículo 4.11 de la Ley 22/1.988, de 28 de julio, de Costas y en la Ley 27/1.992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. No obstante, las competencias exclusivas sobre puertos de recreo y deportivos, que no realicen actividades comerciales, han sido asumidas por todas y cada una de las Comunidades Autónomas Costeras, en virtud de lo establecido en su correspondiente Estatuto de Autonomía.

II.- La explotación integral de estos puertos puede ser concedida y, de hecho, lo es, por la Administración competente, incluyendo el deber de su construcción, a empresarios particulares. En estos pliegos concesionales, aunque variados, aparecen como notas comunes destacadas, en lo que aquí interesa:

• La posibilidad otorgada al concesionario de realizar edificaciones en parte de la zona de servicio del puerto.
• La posibilidad de que esas edificaciones se utilicen directamente por el concesionario, para prestar servicios, o se cedan a terceros, bien mediante actos que trasladen a su favor un derecho real administrativo, o bien mediante simples títulos obligacionales, similares a un contrato de arrendamiento, que, en todo caso, se extinguen cuando caduque la concesión otorgada al empresario explotador y, en particular, cuando expire el plazo concesional, (normalmente, de cincuenta años), revirtiendo a la Administración concedente la totalidad de las obras ejecutadas e, incluso, desde la entrada en vigor de la Ley de Costas, los terrenos ganados al mar con dichas obras.
• El derecho a la explotación integral de los servicios del puerto, incluidos los atraques, que también pueden ser cedidos a terceros mediante actos que trasladen a su favor un derecho real administrativo, o bien mediante simples títulos obligacionales, similares a un contrato de arrendamiento, que, en todo caso, se extinguirán cuando caduque la concesión otorgada al empresario explotador y, en particular, cuando expire el plazo concesional.

1ª.- Alcance de la sujeción de los empresarios concesionarios de la explotación integral de un puerto deportivo al IBI.
2ª.- Vías y procedimiento para impugnar las liquidaciones por el IBI que se aparten de lo contestado a la primera cuestión.
Aceptando el citado requerimiento, se cumplió manifestar la opinión en Derecho constitutiva del siguiente:

Heredero de la suma de las antiguas Contribuciones Territoriales Rústica y Urbana, el IBI aparece en el panorama impositivo español, como he dicho en los antecedentes, a raíz de la entrada en vigor de la Ley 39/1.988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales (B.O.E. de 30.12.1.988. C. de errores, B.O.E. de 14.8.89), siendo posteriormente complementada o modificada su regulación por un nutrido número de disposiciones normativas entre las que destacan las siguientes:

• Real Decreto 831/1.989, de 7 de julio (R.Aranzadi 1543), de desarrollo de la Disp. Trans. 11 de la Ley de Haciendas Locales.
• Real Decreto 1.448/1.989, de 1 de diciembre (R.Aranzadi 2598), sobre Declaración de Altas o Variaciones y Delimitación de determinadas Alteraciones de Bienes.
• Real Decreto 1.477/1.989, de 1 de diciembre, (R.Aranzadi 2667), de creación del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria.
• Orden de 28 de diciembre de 1.989 (R.Aranzadi 2769), de Normas Técnicas de Valoración y Cuadro Marco de Valores Catastrales.
• Real Decreto-Ley 7/1.989, de 29 de diciembre (R.Aranzadi 2761), de modificación de la Ley de Haciendas Locales en materia de exenciones del Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales. (Luego, Ley 5/1.990, de 29 de junio, R. Aranzadi 1337, sobre la misma materia).
• Ley 4/1.990, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 1.990.
• Ley 31/1.990, de 27 de diciembre, (R.Aranzadi 2687), de Presupuestos Generales del Estado para 1.991.
• Ley 38/1.992, de 29 de diciembre, (R.Aranzadi 2801), de Presupuestos Generales del Estado para 1.993.
• Real Decreto 1.108/1.993, de 9 de julio, (R.Aranzadi 2150), de Desarrollo de los artículos 7 y 8 de la Ley de Haciendas Locales.
• Reales Decretos Leyes de 21.5.93 y 27.5.94, (R.Aranzadi 1498), sobre normas urgentes para paliar la sequía.
• Ley 21/1.993, de 29 de diciembre, (R.Aranzadi 3567), de Presupuestos Generales del Estado para 1.994.
• Y Ley 22/1.993, de 29 de diciembre, (R.Aranzadi 3600), que crea la exención del IBI para Centros Docentes Privados Concertados.

"A efectos de este impuesto tendrán la consideración de bienes inmuebles de naturaleza urbana:
a) El suelo urbano, el susceptible de urbanización, el urbanizable programado o no programado (...) y los ocupados por construcciones de naturaleza urbana (...).
b) Las construcciones de naturaleza urbana, entendiendo por tales:

1.- Los edificios sean cualesquiera los elementos de que estén construidos, los lugares en que se hallen emplazados, la clase de suelo en que hayan sido levantados y el uso a que se destinen, aun cuando por la forma de su construcción sean perfectamente transportables, y aun cuando el terreno sobre el que se hallen situados no pertenezca al dueño de la construcción, y las instalaciones comerciales e industriales asimilables a los mismos, tales como diques, tanques y cargaderos.
2.- Las obras de urbanización y de mejora, como las explanaciones y las que se realicen para el uso de los espacios descubiertos, considerándose como tales los recintos destinados a mercados, los depósitos al aire libre, los campos o instalaciones para la práctica del deporte, LOS MUELLES, los estacionamientos y los espacios anejos a las construcciones.
3.- Las demás construcciones no calificadas expresamente como de naturaleza rústica en el artículo siguiente".

" las personas físicas y jurídicas y las Entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, que sean: (...)
d) TITULARES DE UNA CONCESIÓN ADMINISTRATIVA SOBRE BIENES INMUEBLES GRAVADOS O SOBRE LOS SERVICIOS PÚBLICOS A LOS QUE SE HALLEN AFECTOS".

De lo descrito en los antecedentes así como de la breve semblanza del Impuesto que se acaba de realizar, es totalmente incuestionable que todas las construcciones e instalaciones ejecutadas o disfrutadas por un concesionario de un puerto deportivo, ESTÁN SUJETAS al IBI. Por ello, (salvo lo que luego estudiaremos acerca de las eventuales exenciones), será de aplicación el resto de la normativa reguladora del impuesto, de la que, siguiendo el orden expositivo de la Ley de Haciendas Locales, conviene recordar que:

a) La base imponible del inmueble, (aunque el sujeto pasivo sea un simple concesionario, no propietario) está constituida por el VALOR REAL del inmueble, tomando como tal su VALOR CATASTRAL (Art. 66); integrado, en el caso que nos ocupa de bienes de naturaleza urbana, por el valor del suelo y de las construcciones. (Art. 67).
b) Tales valores se fijan a partir de los datos existentes en los CATASTROS INMOBILIARIOS, previa una delimitación del suelo urbano afectado, mediante la aprobación por la Dirección General del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria de la oportuna PONENCIA DE VALORES, en la que se recogerán los criterios, tablas de valoración y demás elementos precisos para fijar los valores catastrales, y que deben ser publicadas por edictos dentro del primer semestre del año inmediatamente anterior a aquél en que deban surtir efecto, cuyo anuncio se publica en el correspondiente B.O. de la Provincia y que, a pesar de ser recurribles en vía económico-administrativa (como luego se verá), la interposición de la reclamación no suspende la ejecutoriedad del acto.

c) La cuota de este impuesto resulta de la aplicación al valor catastral del tipo previsto en el artículo 73 (es decir, un 0,4%), más los recargos y menos las reducciones temporales que pueden acordar los respectivos Ayuntamientos según ese mismo precepto.
d) Y en cuanto a la Gestión, la formación y aprobación de las Ponencias de Valores, la fijación, modificación y revisión de los valores catastrales y la formación del Padrón del Impuesto, corresponde al Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, mientas la liquidación y recaudación del impuesto corresponde al respectivo Ayuntamiento. (Arts. 77 y 78).

Hasta ahora no se ha cuestionado que los bienes inmuebles urbanos constitutivos de un Puerto Deportivo están SUJETOS al IBI siendo sus concesionarios los sujetos pasivos del impuesto. No obstante, como señalamos al principio, los puertos deportivos, en su integridad, forman parte del Dominio Público Marítimo-terrestre estatal, manteniendo esta esencial condición a pesar de su concesión a un particular para su construcción y/o explotación. (Así resulta sin ninguna duda de lo dispuesto en el artículo 132.2 de la Constitución española en relación con el artículo 4.11 de la Ley 22/1.988, de 28 de julio, de Costas y en la Ley 27/1.992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante).

Es decir, a pesar de que se efectúe una concesión administrativa de este tipo, el correspondiente puerto deportivo, (en su integridad, es decir, las instalaciones existentes en el agua y las obras, edificaciones, explanaciones e instalaciones integrantes de su Zona de Servicios), siguen perteneciendo a la propiedad del Estado, cualificada por tratarse de una propiedad demanial, de dominio público de configuración legal.

Este mantenimiento por el Estado de la titularidad dominical de cada Puerto Deportivo, aunque se encuentre concedido a un particular, ¿afecta de alguna manera a la exigibilidad del IBI al que, como se ha visto, está sujeto el puerto y del que resulta sujeto pasivo, por imperativo legal, el concesionario?.

El Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, por la tácita y hasta la fecha, ha respondido a esta cuestión negativamente, puesto que, según se ha conocido, recientemente ha aprobado las Ponencias de Valores de los bienes e instalaciones de varios Puertos Deportivos, (entre ellos, algunos catalanes), notificando a los concesionarios los valores catastrales individuales y girando los respectivos Ayuntamientos las oportunas liquidaciones a esos sujetos pasivos.

Sin embargo, se entiende que la cuestión no está tan clara como consecuencia de la lectura reposada de las normas reguladoras de este tributo, en especial, del artículo 64 de la Ley de Haciendas Locales que regula las EXENCIONES de este impuesto.

En efecto, se ha visto que los puertos, de cualquier clase (comerciales, deportivos o de recreo), están sujetos al impuesto, en toda la extensión de sus edificaciones, construcciones e instalaciones, hasta el punto de que expresamente se sujetan al mismo como bienes inmuebles de naturaleza urbana LOS MUELLES. (Art. 62. b. 2 de la Ley de Haciendas Locales).

No obstante, el hecho de que estén expresamente SUJETOS estos bienes de naturaleza urbana no obsta, sino todo lo contrario, a que puedan resultar legalmente EXENTOS, dado que sólo pueden eximirse de un impuesto hechos imponibles previamente sujetos al mismo.

Pues bien, así las cosas, debe recordarse que el artículo 64. a) de la Ley de Haciendas Locales expresamente declara lo siguiente:

"Gozarán de EXENCIÓN los siguientes bienes: a) Los que SEAN PROPIEDAD DEL ESTADO, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, y estén directamente afectos a la defensa nacional, seguridad ciudadana y a los servicios educativos y penitenciarios; asimismo, las carreteras, los caminos, LOS DEL DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO TERRESTRE e hidráulico y las demás vías terrestres QUE SEAN DE APROVECHAMIENTO PÚBLICO Y GRATUITO".

Se entiende que esta interpretación es la gramatical y sintácticamente más correcta y que no puede pretenderse que esa expresión "QUE SEAN DE APROVECHAMIENTO PÚBLICO Y GRATUITO" califica a todos los nombres comunes previamente expresados en la frase, (por tanto, también a los bienes del dominio público Marítimo-terrestre), puesto que sostener lo contrario llevaría al absurdo de entender que los caminos y carreteras sólo estarían exentos cuando fueran de "aprovechamiento público y gratuito", en cuyo caso habría sido reiterativo utilizar tales nombres específicos cuando podrían englobarse en el más genérico de "vías terrestres".

En consecuencia, se entiende que los Puertos, cualquiera que sea su tipo, (comercial, deportivo o de recreo), en la actual configuración legal del IBI, al pertenecer al dominio público Marítimo-terrestre, aunque estén sujetos al impuesto, están EXENTOS del mismo; exención de la que, además, puede afirmarse que:

a) Tiene carácter OBJETIVO, es decir, generalizada con independencia de que el puerto sea explotado directamente por el Estado o por un concesionario.
b) Comprende todas las edificaciones, construcciones, e instalaciones incluidas en él, esto es, amparadas en la concesión administrativa de dominio público, aún incluso (presuntamente), si se trata de viviendas, residencias o complejos hoteleros, restaurantes, bares, comercios, etc., SIEMPRE QUE SE ENCUENTREN DENTRO DE LA ZONA DE SERVICIOS DEL PUERTO y, en consecuencia, deban revertir a la Administración concesionaria cuando se extinga la concesión. Ello es así dado que la ley, cuando ha querido incluir en la exención a parte de unos bienes de dominio público pero no a otros, lo ha hecho expresamente. Así, en el mismo artículo 64, en el apartado i), se precisan como exentos:
"Los terrenos ocupados por las líneas de ferrocarriles y los edificios enclavados en los mismos terrenos, que estén dedicados a estaciones, almacenes o a cualquier otro servicio indispensable para la explotación de dichas líneas.
NO ESTÁN EXENTOS, por consiguiente, LOS ESTABLECIMIENTOS DE HOSTELERÍA, ESPECTÁCULOS, COMERCIALES Y DE ESPARCIMIENTO, LAS CASAS DESTINADAS A VIVIENDAS DE LOS EMPLEADOS, LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NI LAS INSTALACIONES FABRILES".

En consecuencia, existen tres actos administrativos diferentes susceptibles de Reclamación Económico-administrativa:

a) En primer lugar, la aprobación de la Ponencia de Valores del referido Puerto Deportivo. Como este acto emana de la Dirección General del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, la Reclamación deberá interponerse ante el Tribunal Económico-administrativo Central, sito en Madrid, sin que, (como antes se dijo), la interposición de la misma pueda afectar a la ejecutividad de la Ponencia aprobada.
b) En segundo lugar, el acto administrativo de comunicación a cada contribuyente, (en este caso, al concesionario del puerto), de los valores asignados a los bienes de los que es concesionario. Esta Reclamación habrá de interponerse ante el Tribunal Económico-administrativo Regional correspondiente al territorio donde se encuentre el puerto respectivo; sin que, (como antes se dijo), la interposición de la misma pueda afectar a la ejecutividad del valor notificado.
c) Y, por fin, el acto administrativo de liquidación del IBI correspondiente a cada año, girado por el respectivo Ayuntamiento. Esta Reclamación habrá de interponerse ante el Tribunal Económico-administrativo Regional correspondiente al territorio donde se encuentre el puerto respectivo; pudiéndose, (ahora sí), al tiempo de efectuar la interposición de la misma, solicitar la suspensión de la ejecutividad de la liquidación del IBI impugnada, que deberá ser otorgada si se aporta el correspondiente aval bancario.

En sede de cualquiera de los citados medios de impugnación podrá suscitarse la cuestión esencial de la exención del IBI de los Puertos Deportivos por su carácter de bienes de dominio público Marítimo-terrestre.